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Que el pasado día 4 los controladores de USCA dieran un golpe de estado -como nos tienen acostumbrados en puentes largos, vacaciones de Semana Santa o Navidad- entraba dentro de lo posible si nos atenemos a la historia de este colectivo de desalmados para los que el bien común o los servicios esenciales de la Comunidad, sencillamente, no existen.

Ya en época de UCD consiguieron que aquella organización política desapareciera al enervar el Congreso de Palma de los centristas que, muy deteriorados, intentaban resolver sus problemas internos.

USCA no responde a la categoría de sindicato ni contempla en su funcionamiento interno los mínimos requisitos democráticos exigidos por el Art. 7 de la Constitución de la Concordia.

Los salarios de los 2.400 delincuentes (dicho sea en términos de estricta defensa, sin ánimo de injuriar y valorando su actuación) que integran USCA promedian 350.000€ anuales, cantidad que no se compadece con sus homólogos americanos (75.000), alemanes o ingleses (de 150.000 a 200.000).

Su pugna con el partido que desgobierna España finalizó el día de Santa Bárbara con un trueno sacado del inframundo antidemocrático del estado de derecho: el estado de alarma.

USCA debe ser disuelto por higiene sindical y decencia política. Previamente deben indemnizar a los 600.000 ciudadanos secuestrados en los aeropuertos, por el abandono de los puestos de trabajo, de manera institucional e individual atendiendo a los delitos cometidos.

El gobierno debe dimitir por utilizar elementos extraordinarios en la gestión de un problema laboral ordinario y por no haber resuelto un conflicto que viene lastrado desde el mes de abril.

El gobierno debe dimitir por haber podrido deliberadamente el problema para obtener una respuesta irracional que ya intuían. Zapatero, y Blanco, y Rubalcaba, y Chacón, y todo su sequito, deben ingresar en las listas del paro por haberse doctorado en incompetencia.

Y, en caliente, de inmediato, debe acometerse la legislación sobre la huelga y el mantenimiento de los servicios esenciales de la Comunidad. ¡Ya está bien de reírse del Art. 28.2 de la Constitución!

¡Ya está bien de chantajes, de coacciones y de reírse del pueblo llano!

¡Ya está bien de que los más incapaces ocupen los puestos más elevados de la "cosa pública"!. Deroguemos la Ley de Peter.

El estado de alarma sólo crea alarma en el estado.

Fermín Palacios