LAS OTRAS ELECCIONES
La última certificación emitida por la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, que dirige Román Ceballos, daba la cifra de 2160 representantes de empleados públicos y 33.901 de empresas privadas o laborales de administraciones públicas.
De esa cifra luego se descontarían unos 500 correspondientes al Servicio Valenciano de Salud anuladas por la sentencia firme del Tribunal Supremo a requerimiento del Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana.
Cada año se realiza la pertinente certificación que, desde el punto de vista general, sirve para medir la representatividad de las organizaciones sindicales y el acceso a subvenciones, cursos de formación, presencia en las instituciones, negociación colectiva, participación en el PAVACE etc., etc.
Las elecciones sindicales se renuevan en los centros de trabajo cada cuatro años, duración del mandato de los delegados de personal, miembros de comités y juntas de personal. Para ello las 79 organizaciones que acreditan algún representante compiten, en algún caso con violencia, por mejorar los resultados del año anterior.
A veces la guardia civil y los juzgados de lo penal tienen que resolver desavenencias sindicales.
De esta confrontación, de cuatro largos años, hay al menos, quince meses y medio de mayor actividad. Estas fechas, hoy, van desde el quince de septiembre de 2010 hasta 31 de diciembre de 2011 momento en que se habrán elegido casi el 80% de los 36.061 representantes de la última certificación.
CCOO, con un 41,42% del total, supera a UGT (40,09%) en 478 representantes y ostenta la hegemonía desde hace varias convocatorias, cosa que Recuenco, el anterior Secretario General del sindicato socialista, no pudo alterar.
Los enfrentamientos entre CCOO y UGT, en esos momentos, son históricos.
La cifra certificada por Trabajo no es fidedigna: más del 20% del total corresponden a representantes de empresas desaparecidas que no han sido dados de baja por no existir conexión entre los departamentos que tramitan ERE, s y el de elecciones (Oficina Pública dependiente de la Autoridad Laboral). Las empresas desaparecidas por cierre, no tienen la correlativa desaparición de sus representantes, error que se arrastra durante todo el mandato.
Los sindicatos carecen de interés en que los errores se subsanen ya que cobran cantidades importantes por dichos "representantes fantasmas" engordando, con ello, las subvenciones recibidas.
A lo largo de este último trimestre se celebrarán elecciones, ya se están celebrando, en las diversas administraciones locales (Ayuntamientos, Diputaciones, otras entidades locales...) entidades financieras (cajas de ahorro, cooperativas de crédito, bancos...), grandes superficies (Carrefour, Corte Inglés, Alcampo, Toys "R" Us, Leroy Merlín), supermercados (Mercadona, Más y Más, Consum, etc. etc.), enseñanza (pública, privada, Universidades), manipulado y envasado de cítricos, energía (Iberdrola), el sector del turrón, muñecas y afines y metal de Alicante, la cerámica y azulejo de Castellón, plásticos de Valencia, las empresas del polígono Juan Carlos I de Almussafes...
Las modificaciones a los datos certificados a 31 de diciembre de 2009 son de una doble condición: habrá un número importante de reducción de representantes en las empresas privadas por la desaparición de numerosísimos centros de trabajo, producto de la crisis, y reducción brutal de plantillas, por un lado; por otro, entre los funcionarios públicos se producirá un leve incremento de representantes al sustituir el Art. 39 del Estatuto Básico de la Función Pública al Art. 8º de la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
En aquella norma se equiparan las Juntas de Personal a los Comités de empresa pasando de 7, 11, 15 y 19 representantes a 9,13,17 y 21, según sean las plantillas de entre 101 y 1000 funcionarios.
En resumen, salvo fraudes continuados, la representación sindical en la Comunidad caerá varios puntos porcentuales.
Para llegar a todos los procesos electorales los sindicatos mayoritarios disponen de medios personales y logísticos importantísimos realizando contrataciones temporales que dejan sus plantillas huérfanas de trabajadores fijos destinando al duro oficio de "agente electoral" a personas procedentes de programas que nada tienen que ver con la actividad a la que se destinan. Que el Ministerio Fiscal actúe si lo cree oportuno.
Hay sectores en que, habiendo alcanzado acuerdos con la patronal, los delegados se reparten de común acuerdo "sin necesidad de perder el tiempo -eso dicen- en procesos electorales y votaciones" con clara infracción de la normativa vigente. Otro día hablaré de ello.
En resumen: El proceso electoral, plagado de fraudes, coacciones y acuerdos clandestinos, es un submundo, un inframundo, donde unos cardan la lana y otros se llevan la fama.
Fermín Palacios
